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La iniciativa sustituye privilegios de lujo por herramientas de trabajo utilitarias y busca recuperar millones de pesos perdidos en sacrificio fiscal.
GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. El diputado nacional por el partido Alianza País, Pedro A. Martínez M., depositó formalmente ante la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca derogar la Ley No. 57-96 y la Ley No. 50, eliminando definitivamente el régimen de exoneraciones impositivas para la importación de vehículos de uso privado por parte de los legisladores.
El legislador enfatizó
que, aunque la propuesta dispone que el Estado dote de vehículos utilitarios
oficiales a los senadores y diputados, el objetivo central es detener el
drenaje de recursos públicos. Martínez subrayó que el modelo actual ha
permitido la importación de vehículos de alta gama, suntuosos y deportivos
(incluyendo marcas como Bentley, Ferrari, Porsche y Lamborghini) que no guardan
relación con la labor legislativa y que frecuentemente terminan en manos de
terceros.
Según datos de la
Dirección General de Aduanas, el sacrificio fiscal por exoneraciones a
legisladores y otros funcionarios ha superado los 3,690 millones de pesos en
los últimos cinco años, recursos que el Estado deja de percibir y que podrían
ser destinados a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.
Puntos clave de la
propuesta
• Propiedad Estatal y Control: Los vehículos asignados serán de
la exclusiva propiedad del Estado dominicano y deberán portar obligatoriamente
una placa oficial rotulada con el cargo del legislador, facilitando la
fiscalización ciudadana.
• Devolución Obligatoria: Al concluir su mandato o cesar en sus
funciones, el legislador deberá devolver el bien en un plazo de cinco días
hábiles. En caso de reelección, el vehículo solo será sustituido por razones
técnicas de deterioro o depreciación.
• Transición Ordenada: Se establece un plan de dos fases que
obliga al Congreso a presupuestar la compra de la flota con un año de
antelación a la toma de posesión, asegurando que el 100% de los legisladores
cuenten con su herramienta de trabajo oficial en los primeros seis meses de su
mandato.
• Régimen de Sanciones: La pieza tipifica como peculado o
malversación de fondos públicos cualquier intento de vender, ceder o arrendar
el vehículo oficial, terminando con el mercado secundario de beneficios
estatales.
Martínez concluyó
indicando que es hora de que el Congreso Nacional dé el ejemplo de
racionalización y eficiencia del gasto público, sustituyendo un privilegio
personal por una herramienta de trabajo regulada, transparente y adecuada a la
geografía de las demarcaciones que representan.
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