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El legislador señaló que la transformación institucional requiere reformas legales, estructurales y un profundo cambio en la cultura ciudadana.
El congresita se
refirió en estos términos al abordar el trágico suceso ocurrido la semana
pasada, en el cual una persona perdió la vida a manos de un agente de la
uniformada. Ante esta situación, Bautista enfatizó que la atención pública y
política debe centrarse en la respuesta institucional y el cumplimiento
estricto del ordenamiento jurídico.
Garantías legales
e institucionales
A diferencia de
gestiones anteriores, el congresista argumentó que en la actualidad el Estado
dominicano actúa de forma transparente y apegado a los procedimientos
establecidos, procediendo de inmediato a someter ante la justicia a las
personas que resulten responsables de este tipo de hechos de violencia.
Asimismo, señaló que la
reforma integral del cuerpo del orden no se detiene por un acontecimiento
lamentable, dado que las bases fundamentales se construyen de forma permanente
sobre pilares estratégicos: la adecuación del marco legal, la optimización de
los recursos humanos, la reestructuración de la infraestructura y un robusto
proceso de modernización tecnológica.
"La reforma
policial es un proceso. Nosotros como país no podemos pretender que se va a
concretizar con un hecho específico la reforma policial. Eso lleva a un
proceso, proceso legal, un proceso de recursos humanos, un proceso de
infraestructura, un proceso de modernización... No podemos decir que un hecho
específico haya devenido en un fracaso de la reforma policial", afirmó de
manera contundente el diputado Wandy Bautista.
Llamado al orden y
la cultura ciudadana
El legislador también
hizo hincapié en que el factor tiempo es indispensable no solo para la
reestructuración física y organizativa de la policía, sino también para lograr
un cambio de mentalidad colectiva y de cultura cívica en toda la población
dominicana.
En ese sentido, condenó
enérgicamente las conductas de civiles que entorpecen las labores de la
autoridad en la vía pública, recordando que la intervención de personas ajenas
a los operativos policiales constituye una flagrante violación de las normas vigentes.
Finalmente, puntualizó
que "los ciudadanos no pueden intervenir en las actuaciones policiales.
Eso es incorrecto. Eso es un delito", concluyendo con la reafirmación del
compromiso férreo del Estado Dominicano de mantener un celoso equilibrio entre
la protección irrestricta de la ciudadanía y la exigencia de un uso sumamente
comedido y reglamentado de la fuerza pública.
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