CARD propone reformas urgentes al Código Penal y advierte que actual proyecto violaría la Constitución

 Trajano Vidal Potentini rechaza elevar las penas a 40 años, critica el trato privilegiado a funcionarios frente a la difamación y solicita una prórroga de seis meses.

                                  Por Gregory Terrero Fecha 15/07/26

​GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, acudió este miércoles al Congreso Nacional para presentar un documento con siete propuestas clave de corrección y mejora al proyecto de reforma del Código Penal, advirtiendo que la pieza legislativa actual contiene serias incongruencias constitucionales y democráticas.

 

​Entre las principales observaciones presentadas por el gremio destaca el firme rechazo al cúmulo de penas que elevaría la sanción máxima a 40 años de prisión, lo cual, según Potentini, desnaturaliza el enfoque de resocialización y atenta contra la propia Constitución del país. Asimismo, alertó sobre una "inflación punitiva" que expone a cualquier ciudadano a penas de hasta 10 años, y criticó la inclusión de figuras jurídicas ambiguas como la penalización transversal de "los gestos".

 

​En ese orden, Potentini, preciso que la mayor preocupación expresada por el jurista radica en las graves amenazas a la libertad de prensa y de expresión detectadas en la iniciativa parlamentaria. Potentini criticó fuertemente el blindaje otorgado a los funcionarios públicos frente a los delitos de opinión, así como la vigencia de la "responsabilidad en cascada" aplicable a los medios de comunicación y plataformas digitales.

 

​"Un funcionario tiene la obligación de rendir cuentas porque está administrando fondos públicos. Ese privilegio [frente a la difamación] se debería dejar al entorno privado. Nunca un funcionario público que tiene que estar sujeto al escrutinio debe tener ese tipo de privilegios." Agrego.

 

​Ante este escenario, y tras revelar que ya existen 11 recursos depositados ante el Tribunal Constitucional que impugnan diversos artículos del código, Potentini solicitó formalmente al Congreso Nacional otorgar una prórroga de hasta seis meses para evaluar rigurosamente la convencionalidad de la ley y escuchar de manera abierta a todos los sectores de la sociedad