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martes, 16 de junio de 2026

Surun Hernández denuncia instauración de "Ley Mordaza" que impondría hasta 10 años de cárcel a periodistas



El jurista, junto a organizaciones cívicas, acudió al Congreso Nacional para alertar sobre la aprobación de penas severas por difundir contenidos sobre funcionarios públicos y denunciar actos de corrupción.


                                               Por Efe Fecha 16/06/26

GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. El abogado Miguel Surun Hernández, en representación de la Fundación Primero Justicia, ACCIONA RD y un conjunto de organizaciones de líderes cívicos comunitarios, se presentó este martes ante el Congreso Nacional para denunciar formalmente lo que calificó como la instauración y puesta en vigencia de una "ley Mordaza" en la República Dominicana.

 

​De acuerdo con la denuncia, esta legislación —programada para entrar en vigor el próximo 6 de agosto— busca silenciar de manera drástica las voces disidentes y los cuestionamientos dirigidos hacia la administración pública. El jurista alertó que la normativa aprueba penas de hasta 5 años de prisión por el solo hecho de difundir videos, audios o fotografías de funcionarios públicos, incluso cuando estos hayan sido tomados en lugares eminentemente públicos.

 

​Asimismo, advirtió que las sanciones penales se duplican cuando se trata de profesionales de la comunicación que investiguen el uso de los fondos del Estado, lo que representa un golpe directo a la libertad de prensa y al periodismo de investigación en el país.

 

​"A partir de esa fecha podrá ser condenado un periodista hasta 10 años de cárcel por supuesta difamación en una actuación totalmente contraria a la Constitución de la República Dominicana. Nosotros continuaremos la lucha y denunciaremos tanto a nivel local como a nivel internacional los aprestos de acallar las voces disidentes en la República Dominicana."

​Finalmente, Hernández y los líderes comunitarios firmantes afirmaron que estas medidas legislativas no solo vulneran los derechos constitucionales, sino que pretenden de manera sistemática "consolidar el clima de corrupción, el clima de destrucción de la institucionalidad democrática en la República Dominicana", por lo que hicieron un llamado a la resistencia legal e institucional ante esta reforma.

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