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Los fiscales probaron todas y cada una de las imputaciones a los procesados, aseguró la procuradora de corte Mirna Ortiz
GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. La procuradora de corte Mirna Ortiz aseguró este viernes que el Ministerio Público probó la acusación por corrupción administrativa presentada en contra de Hugo Beras, Jochi Gómez y compartes, destacando en ese sentido, que, indiscutiblemente, serán enviados a juicio.
La
titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (Pepca) destacó la contundencia de las pruebas presentadas
durante la audiencia preliminar que se conoce en el Sexto Juzgado de
Instrucción del Distrito Nacional.
Al
responder preguntas de la prensa a la salida del Sexto Juzgado de Instrucción
del Distrito Nacional, dijo que las defensas quisieron tender una cortina de
humo, pretendiendo envolver al tribunal y a la prensa con insinuaciones y
afirmaciones al margen del derecho y sin ninguna prueba.
Sostuvo
que el Ministerio Público probó todas y cada una de las imputaciones a cargo de
Hugo Beras, Gómez Canaán y de todos y cada uno de los imputados.
Ortiz
dijo que ninguna de las dos defensas se refirió a los mensajes de WhatsApp que
corroboran las afirmaciones que ha hecho el Ministerio Público de que ya la
licitación había sido entregada a José Gómez Canaán desde antes de
materializarse el proceso mismo de licitación.
Resaltó
que esas actuaciones conjugan todo el esquema de defraudación al Estado
dominicano, al estar jugando con cartas marcadas, “evidentemente para favorecer
al proveedor con el que ya se tenían relaciones a cambio de beneficios económicos”.
“Eso
es lo que ha demostrado el Ministerio Público en esta audiencia y por lo que
corresponderá, indiscutiblemente, un auto de apertura a juicio”, subrayó.
Ortiz
representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los procuradores
fiscales Emmanuel Ramírez y Jonathan Pérez, de la Dirección General de
Persecución del Ministerio Público y la Pepca.
En el
proceso, el Ministerio Público solicitó al tribunal que dictara auto de
apertura a juicio en contra de todos los acusados.
La
jueza Yanibet Rivas se reservó el fallo para el próximo 5 de mayo, a partir de
las 9:00 de la mañana.
Por
el caso son procesados Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de
Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y José Ángel (Jochi) Gómez Canaán,
propietario de Aurix S.A.S.
También,
están acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control
de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de
Tecnología del Intrant.
A
ellos se suman Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y
representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez
Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant, y Carlos José
Peguero Vargas.
Asimismo,
la acusación incluye a Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry
Darío Féliz Casso.
Las
personas jurídicas acusadas son: Transcore Latam S.R.L., Aurix S.A.S., Inprosol
S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex
Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L.
Durante
el proceso el Ministerio Público indicó que en el transcurso de la
investigación obtuvo pruebas de la existencia de diversas líneas delictivas,
incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa
contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando,
falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en
infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se
desarrollaron principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
El
Ministerio Público determinó que mediante contratos y convenios irregulares con
Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L. y Transcore Latam S.R.L., se otorgó
acceso privilegiado a estas empresas, utilizadas para desviar fondos públicos y
ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de
transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El
eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos
societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange,
Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, estas entidades conformaron un
entramado criminal dedicado a la estafa contra el Estado, al lavado de activos
y al sabotaje tecnológico, consolidando su control sobre infraestructuras
críticas y recursos estratégicos del Estado.
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