Congresistas señalan que la iniciativa pretende disminuir la vulnerabilidad de las personas frente a esquemas fraudulentos en el mercado inmobiliario, donde individuos ofrecen proyectos sin garantías legales o documentación adecuada.

Señalan, que el proyecto exigirá el cumplimiento de una serie de requisitos para poder comercializar propiedades, incluyendo apartamentos, fincas, solares y terrenos.

              Supervisión institucional garantizaría cumplimiento Fecha 23/04/26

 

GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO.Los representantes de la cámara alta, expresaron que una comisión o entidad competente estaría encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, con el propósito de garantizar transparencia y confianza en las operaciones inmobiliarias.

 

El senador por el partido Fuerza del Pueblo (FP) Edward Espiritusanto, precisó que la iniciativa pretende disminuir la vulnerabilidad de las personas frente a esquemas fraudulentos en el mercado inmobiliario, donde individuos ofrecen proyectos sin garantías legales o documentación adecuada.

 

“Lo importante es que se cumpla lo que va a establecer el proyecto de ley, para garantía de los dominicanos y dominicanas”, expresó el senador.

 

Según indicó, el proyecto exigirá el cumplimiento de una serie de requisitos para poder comercializar propiedades, incluyendo apartamentos, fincas, solares y terrenos.

 

Supervisión institucional garantizaría cumplimiento

El congresista manifestó que una comisión o entidad competente estaría encargada de supervisar el cumplimiento de la ley, con el propósito de garantizar transparencia y confianza en las operaciones inmobiliarias.

 

“Lo importante es que se cumpla lo que va a establecer el proyecto de ley, para garantía de los dominicanos y dominicanas”, expresó el senador.

De su lado, el senador del PRM, Rafael Duluc, informó sobre los avances de un proyecto legislativo orientado a regular el sector inmobiliario en República Dominicana, con el propósito de evitar fraudes y fortalecer la transparencia en la comercialización de propiedades.

Según explicó el legislador, la iniciativa contempla la obligatoriedad de que los vendedores inmobiliarios estén debidamente registrados, además de establecer procesos de revisión para los proyectos antes de ser promocionados o puestos en venta.

 

Mayor control para proyectos inmobiliarios

 

El senador indicó que anteriormente cualquier persona podía anunciar proyectos sin contar con permisos oficiales, situación que generaba riesgos para compradores e inversionistas.

 

“Para que un proyecto tú puedas incluso publicitarlo, tienes que tener los permisos ya de ese proyecto, es decir, que sea un proyecto real”, expresó Duluc.

 

La propuesta legislativa busca garantizar que las construcciones cuenten con documentación legal antes de ser ofertadas al público, reduciendo así la posibilidad de engaños o proyectos inexistentes.

 

Medida para combatir estafas inmobiliarias

 

El congresista afirmó que la regulación contribuirá a disminuir las estafas en el sector, especialmente aquellas que afectan a personas que invierten años de trabajo y ahorro en la compra de una vivienda.

 

Duluc explicó que el proyecto fusiona iniciativas legislativas presentadas junto a otros senadores y ya fue aprobado en primera lectura en el Senado.

 

Proyecto pasará a la Cámara de Diputados

 

El senador señaló que la pieza será conocida en segunda lectura antes de ser enviada a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo.

 

Asimismo, aseguró que representantes de asociaciones inmobiliarias y constructores han mostrado respaldo a la propuesta, considerándola una medida importante para fortalecer la confianza en el mercado.

 

Diáspora inversionista respalda iniciativa

 

El legislador también destacó que el proyecto fue presentado a miembros de la diáspora dominicana inversionista en New York City, quienes valoraron positivamente la iniciativa por entender que podría incentivar la inversión en la República Dominicana.

 

Finalmente, recordó que el Código Penal contempla sanciones para delitos como abuso de confianza, fraude y estafa, mientras que los casos ya judicializados continúan su curso en los tribunales.