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El legislador del Partido Revolucionario Moderno asegura que la propuesta fue escuchada por todos los sectores y aprobada con amplio respaldo.
El legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM)
explicó que durante el debate se escucharon las posiciones tanto de representantes
de los trabajadores como del sector empresarial, lo que permitió introducir
ligeras modificaciones antes de su aprobación final.
Amplio consenso en el Senado
Duluc señaló que el proyecto aprobado en el Senado
logró un respaldo casi unánime, tras un proceso de diálogo en el que
participaron diferentes actores sociales y jurídicos.
“El proyecto que salió de aquí del Senado no tuvo
rechazo por ninguno de los sectores; tanto los empleadores como los
trabajadores lo tomaron de manera positiva. Lo que salió de aquí fue un 99 % de
aprobación”, expresó el senador.
El congresista consideró que, de seguir el mismo
proceso en la Cámara de Diputados, el país podría contar con un Código de
Trabajo actualizado y respaldado por la mayoría de los sectores.
Cambios no afectan la cesantía
El senador también aclaró que las modificaciones
discutidas no afectan los derechos fundamentales de los trabajadores,
particularmente el tema de la cesantía, el cual —según indicó— se mantiene
intacto.
“Realmente la cesantía se mantuvo íntegra, es decir,
los derechos de la cesantía están todos iguales”, sostuvo.
Explicó que los ajustes realizados se enfocan
principalmente en aspectos procesales vinculados al artículo 86, relacionado
con penalizaciones cuando los procesos judiciales laborales se extienden por
largos periodos.
Según Duluc, el cambio busca limitar la penalización
hasta el momento en que el caso entra en estado de fallo, debido a que, a
partir de ese punto, la duración del proceso depende exclusivamente de los
tribunales.
Decisión de carácter jurídico
El legislador afirmó que esta medida fue analizada y
respaldada por abogados de las distintas partes involucradas, quienes
coincidieron en que se trata de una decisión de carácter jurídico y
procedimental.
En ese sentido, reiteró que el objetivo es evitar que
alguna de las partes resulte perjudicada por retrasos en los tribunales que no
son responsabilidad ni del trabajador ni del empleador.
“Es una decisión eminentemente jurídica que fue
aprobada por los abogados de todas las partes y con la que todos estuvieron de
acuerdo”, afirmó.
Finalmente, el senador insistió en que el Congreso
tiene la facultad constitucional de aprobar o rechazar las iniciativas
legislativas, al tiempo que reiteró que el proyecto aprobado en el Senado fue
fruto del diálogo y del consenso entre los distintos sectores.
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