.jpg "Template by templatesyard")
GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. El Ministerio Público solicitó este jueves ante al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola, procesados por haber participado en un entramado de corrupción que supuestamente defraudó al Estado con más de RD$4,500 millones durante el pasado gobierno de Danilo Medina.
Los fiscales, encabezados en audiencia por la procuradora de
corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (Pepca), solicitaron la misma pena para los
acusados coronel Rafael Núñez de Aza, general Boanerges Reyes
Batista y capitán Franklin Antonio Mata Flores.
15 AÑOS PARA LA “PASTORA”
y OTROS DOS
También solicitaron 15 años de prisión y el pago de 300 salarios
mínimos para la procesada Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (la Pastora), Kelman
Santana Martínez y Pedro Roberto Castillo Nolasco.
DIEZ Y 5 AÑOS PARA EL
RESTO
El
Ministerio Público solicitó, asimismo, la imposición de diez años de
prisión y multas de 200 salarios para Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, para
el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, Erasmo Roger Pérez Núñez, José
Manuel Rosario Pirón, Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, Guillermo de Jesús
Torres Robiou, Esmeralda Ortega Polanco, al sargento Alejandro José Montero
Cruz, Epifanio Peña Lebrón, Lucía De los Santos Viola, Manuel de Jesús Alba
Solano, Elida María Trinidad Santiago, Enmanuel Antonio Alba Trinidad, Raymel
Pastor del Rosario Viola, Onoris Beatriz Soto De los Santos y Eric Daniel
Pereyra Núñez.
Además, 5 años de prisión para el mayor Raúl Alejandro Girón
Jiménez (multa de 200 salarios mínimos), Carlos Augusto Lantigua Cruz (multa de
500 mil pesos) y Miguel Ventura (multa de RD$500 mil).
“Hemos tenido largas jornadas en este tribunal y, tal y como le
dijimos a las juzgadoras desde el primer día que demostraríamos cada una de las
imputaciones, así lo hemos hecho”, dijo Ortiz, al responder a la prensa a su
salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Con cada elemento probatorio, con cada testimonio, con cada
documento, con cada pericia, hemos demostrado todos los puntos de nuestra
acusación”, añadió”.
“En esa
virtud hemos solicitado las condenas, condenas que van desde 5 hasta 20 años,
todas dentro de las escalas legales y conforme a la participación de los
imputados, por lo que no tenemos ninguna duda de que este tribunal dará a cada
imputado las penas solicitadas por el Ministerio Público por ser justas y
ajustarse en todo momento a los parámetros legales”, precisó la titular de la
Pepca.
ORGANISMOS DONDE FUE COMETIDO EL FRAUDE
Los RD$4,500 millones habrían sido sustraídos del Cuerpo de
Seguridad Presidencial (Cusep), del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y
del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (Conani).
Adán Cáceres fue jefe del Cuerpo Especializado de Seguridad
Presidencial (CUSEP) durante los gobiernos de Medina, de cuya protección estuvo
encargado.
El
tribunal fijó la continuación de la audiencia para el próximo martes 10 del mes
en curso.
En su pedimiento, el Ministerio Público, representado por Ortiz
junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Emmanuel Ramírez, Arolin Lemos,
Miguel Collado y Melbin Romero, solicita la clausura, suspensión de operaciones
y disolución de la entidad Iglesia Bautista Vida Eterna y la imposición de una
multa de 200 salarios mínimos.
También, para las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F
Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium, SRL, Randa Internacional Company y CSNA
Universo Empresarial S.R.L.
Asimismo, la disolución e imposición de una multa de 10 millones
de pesos de la razón social Rawel Importadores S.R.L.
DECOMISO
DE BIENES INCAUTADOS
El Ministerio Público también solicitó el decomiso de los bienes
incautados, entre los cuales se incluyen villas, casas y vehículos de lujo.
RECONOCEN “COOPERACIÓN”
En cuanto al imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez, en base a la
cooperación efectiva que ha realizado con el Ministerio Público, el órgano
persecutor solicitó a las juezas del Primer Tribunal Colegiado, Giselle Méndez
(presidenta), Jissel Naranjo y Tania Yunes, tomar en consideración el tiempo
que lleva el imputado guardando prisión conforme al arresto domiciliario para
que esta pena sea computada como cumplida y lo restante sea de manera
suspendida.
Para ello, piden que la pena se cumpla bajo la regla de recibir
en un domicilio fijo aportado a este tribunal, abstenerse del porte y tenencia
de armas de fuego y presentarse una vez al mes ante el juez de ejecución de la
pena para dar fe del cumplimiento de las medidas requeridas.
PRUEBAS PRESENTADAS
Entre las pruebas presentadas por el Ministerio Público durante
el proceso judicial se incluyen 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282
declaraciones de testigos y peritos, 184 pruebas procesales y 104 pruebas
materiales, como armas de fuego, relojes de lujo, equipos electrónicos,
inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
Además,
se identificaron 214 inmuebles en distintas provincias, 86 vehículos de alto
cilindraje y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados
en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos por concepto de
alquileres y producción agrícola que ascienden a más de RD$86 millones, también
reclamados a favor del Estado.
30 PERSONAS FÍSICAS Y 18
JURÍDICAS
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar la red compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
.jpeg)
.jpeg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario