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GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. Agotados por lo que califican como un «limbo jurídico» y una falta de voluntad procesal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) y la Comisión de la Verdad advirtieron este viernes que podrían trasladar el caso de la explosión de San Cristóbal a los tribunales internacionales de derechos humanos.
La
declaración fue emitida durante una rueda de prensa frente a la explanada de la
Procuraduría General de la República (PGR), donde Manuel María Mercedes,
presidente de la CNDH-RD, sentenció que la inacción del Ministerio Público no
les deja otra alternativa.
«Si la
PGR sigue en silencio, nos veremos obligados a buscar en organismos
internacionales la justicia que aquí se nos niega», afirmó Mercedes ante
decenas de familiares que portaban las fotografías de los 47 fallecidos en la
tragedia de agosto de 2023.
El
dirigente denunció que, tras más de dos años del siniestro, la Procuraduría no
ha procedido con los interrogatorios solicitados a las entidades que realizaban
trabajos en el mercado el día de la explosión, señalando directamente al
Ayuntamiento de San Cristóbal, al Ministerio de Obras Públicas y a la empresa
Consorcio Rylco y Asociados.
Por su parte, Modesta Mateo, de
la Comisión de la Verdad, reforzó la advertencia señalando que las autoridades
han abandonado a las familias.
La organización sostiene que la gestión de la PGR ha sido
deficiente, permitiendo que pruebas fundamentales se perdieran tras el retiro
apresurado de más de 1,200 toneladas de escombros en los días posteriores al
evento, lo cual viola protocolos internacionales de investigación como el
Protocolo de Minnesota.
El giro hacia la justicia internacional no es solo una amenaza
retórica, sino que se fundamenta en detalles técnicos y legales críticos que
las organizaciones han documentado.
Bajo los tratados internacionales de los que República
Dominicana es signataria, el Estado tiene la obligación de investigar de manera
exhaustiva, independiente y rápida.
Al pasar más de dos años sin imputaciones claras contra las
instituciones y empresas señaladas por las víctimas, se configura una violación
al derecho de acceso a la justicia.
«Limbo jurídico» como estrategia de desgaste
La CNDH-RD argumenta que la falta
de citaciones a los actores clave, como el Ayuntamiento, Obras Publicas y a la
empresa contratistas, no es un descuido, sino una omisión que favorece la
impunidad.
Al no existir avances, las víctimas sufren una revictimización,
un concepto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)
sanciona con severidad.
La denuncia resalta un punto alarmante: la remoción masiva de
escombros en menos de cinco días. Por ejemplo, al limpiar la zona de
manera tan acelerada se imposibilitó la realización de peritajes
independientes.
Los familiares creen que entre esos escombros se encontraban las
osamentas de los 12 desaparecidos, cuya identidad y paradero nunca fueron
esclarecidos, lo que podría tipificarse como una desaparición forzada por
negligencia estatal.
La existencia de un contrainforme pericial que contradice la
versión del Cuerpo de Bomberos sugiere que la verdad oficial podría estar
encubriendo fallas estructurales o negligencias de las empresas que operaban en
el sitio.
Ante la negativa de la PGR de validar estas nuevas pruebas, la
vía internacional se convierte en el único camino de la CNDH para una auditoría
externa del proceso.
La CNDH representa a los familiares de los 47 fallecidos y los
12 desaparecidos de la explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el antiguo
«Mercadito» de San Cristóbal.
El 14 de agosto de 2023, una explosión
de alta magnitud destruyó parte del centro comercial de San Cristóbal. Informes
preliminares y testimonios indican que en el lugar realizaban trabajos el
Ayuntamiento de San Cristóbal, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa
Consorcio Rylco y Asociados.
En menos de cinco días, las autoridades locales procedieron a la
remoción de más de 1,200 toneladas de escombros sin una inspección forense
exhaustiva, violando el Protocolo de Minnesota. Esta acción pudo haber
destruido pruebas materiales y restos óseos de los desaparecidos.
A más de dos años del suceso, la Procuraduría General de la
República ha mantenido el caso en un «limbo jurídico», negándose a interrogar a
los responsables institucionales y corporativos señalados por las víctimas.
Existe un contrainforme técnico que desmiente las conclusiones
oficiales del Cuerpo de Bomberos, el cual no ha sido admitido ni valorado por
el Ministerio Público.
El Estado no ha garantizado un plazo razonable para la
investigación ni el derecho de las víctimas a ser oídas con las debidas
garantías.
La inexistencia de una investigación efectiva deja a las
víctimas sin un recurso sencillo y rápido contra los actos que violan sus
derechos fundamentales.
La falta de transparencia sobre
lo ocurrido y el paradero de los 12 desaparecidos constituyen una forma de
tortura y trato cruel para los familiares sobrevivientes.
La CNDH reclama que se procese penalmente tanto a los
responsables directos de la explosión como a los funcionarios que permitieron
la destrucción de evidencias y se establezca una medida de reparación económica
y moral para los familiares, acorde al daño causado por la negligencia estatal.
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