Asegura no existen razones jurídicas para variar la coerción impuestas a imputados
Por Gregory Terrero Fecha 20/01/26GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO RD.“Todo el que ha sustraído dinero del Estado en el caso de SeNaSa va a estar sentado en el banquillo de los acusados”, aseguró este martes el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.
Camacho indicó que, tal como
sucedió con los procesados en la primera etapa del proceso, los involucrados en
la estructura de corrupción administrativa que afectó a los afiliados del
Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) enfrentada con la Operación Cobra estarán en
las versiones que sean necesarias en lo adelante, “conforme el Ministerio
Público cubra el ciclo de la investigación, que es lo que hemos hecho
históricamente en cada caso”.
El Ministerio Público está
procesando a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y
cabecilla del entramado de corrupción, junto a Gustavo Enrique Messina Cruz,
Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis
Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes
apelaron los 18 meses de prisión preventiva impuestos el pasado diciembre por
el juez de la Atención Permanente Rigobertno Sena Ferreras.
Además, son procesados Cinty
Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, quienes
cumplen arresto domiciliario. El juez Sena Ferreras impuso a los tres,
asimismo, presentar garantías económicas e impedimento de salida del país.
El titular de la Dirección
General de Persecución del Ministerio Público se refirió al tema al salir de la
audiencia celebrada por los jueces Isis Muñoz, Teófilo Andújar y Luis Omar
Jiménez, de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación, quienes aplazaron
el proceso para el próximo 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
“No hay razones, en términos
jurídicos, como para que la decisión que fue emitida por el Tribunal de
Atención Permanente sea variada. La gravedad que tienen estos hechos es
descomunal y justifica la medida de coersión que ha sido impuesta por el
tribunal y la defenderemos a capa y espada cuando se conozca el recurso”, dijo
el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público al
hablar a periodistas a su salida de la audiencia celebrada por la Corte de
Apelación utilizando como espacio físico una de las salas en el Tribunal de la
Jurisdicción Inmobiliaria, ubicado en el Centro de los Héroes.
Camacho puntualizó que el
Ministerio Público estaba preparado para conocer la audiencia de este lunes, la
cual fue aplazada por el pleno de la Segunda Sala Penal de la Corte de
Apelación del Distrito Nacional debido a que la imputada Ada Ledesma Hubiera se
presentó sin abogado para su defensa.
Al ser cuestionado sobre la
ampliación de la investigación, Camacho precisó que el Ministerio Público
continúa trabajando para llevar a los tribunales, en el menor tiempo posible,
una versión 2.0 de Operación Cobra.
“Nosotros nunca nos detenemos,
seguimos trabajando con esta versión que hemos judicializado de Operación Cobra
y estamos trabajando a toda marcha para en el menor tiempo posible tener en los
tribunales la siguiente versión de Operación Cobra, tal como lo dijimos cuando
se conoció este proceso de que habrá una versión 2.0 y la habrá en el menor
tiempo posible”, dijo.
Algunos periodistas le
preguntaron sobre afirmaciones en torno al caso expresada por un abogado en
ejercicio que apeló la coerción de todos los imputados, Camacho consideró que
se trataba de una provocación. “Yo creo que en este país nadie tiene duda de
que nosotros actuamos conforme a nuestra conciencia”, dijo.
“Nadie, no lo hemos hecho
nunca en 21 años de carrera en el Ministerio Público, de hecho, yo no creo ni
siquiera que alguien se haya atrevido a decir eso, salvo que hoy sea el Día de
los Inocentes (28 de diciembre)”.
“A mí eso me parece un
chiste”, puntualizó el procurador adjunto que estuvo en audiencia representando
al Ministerio Público junto a los fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín,
Aurelio Valdez, Ernesto Guzmán y Héctor García.
Entre otros delitos, al grupo
encabezado por el procesado Hazim Albainy el Ministerio Público le imputa por
coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de
soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de
documentos falsos y lavado de activos.
Los imputados afectaron al
SeNaSa y a sus más de 7 millones de afiliados con al menos 15 mil millones de
pesos.

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