Diputado Ramon Raposo Fecha 09/12/25
GT DIGITAL NEWS, Santo Domingo, RD. El diputado por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Ramón Raposo, dijo este martes que ha llegado el momento de colocar la salud mental como una prioridad nacional, ante el creciente impacto de los trastornos mentales en la población dominicana.
El legislador señaló que el Congreso
Nacional se encuentra actualmente inmerso en el estudio del Proyecto de Presupuesto
General del Estado para el año 2026, así como en la modificación de la Ley de
Seguridad Social, lo que, a su juicio, representa una oportunidad idónea para
fortalecer las partidas destinadas al sector salud, especialmente en el
componente de salud mental.
Raposo sostuvo que es necesario
aumentar el presupuesto destinado a esta área y ampliar las coberturas para las
personas que padecen enfermedades mentales, a fin de garantizar una atención
oportuna y de calidad.
Durante un turno ante el Pleno de la
Cámara de Diputados, el congresista citó datos de especialistas que indican que
más del 20 % de los dominicanos sufre algún tipo de padecimiento mental.
Asimismo, afirmó que unas 300,000 personas padecen de esquizofrenia, de las
cuales alrededor de 150,000 no reciben tratamiento médico, siendo la mayoría
jóvenes entre los 18 y 29 años de edad.
El diputado también reveló que durante
el año 2024 se registraron 651 suicidios en el país, lo que equivale a un
promedio de 54 casos mensuales, y que el 59.5 % de estos estuvieron
relacionados con trastornos mentales.
Raposo lamentó que, a pesar de la
gravedad de estas cifras, la República Dominicana figure entre los países de
América Latina que menos recursos asignan a la salud mental dentro de su
presupuesto nacional.
Finalmente, el legislador del PRD
afirmó que es urgente que el Ministerio de Salud Pública implemente políticas
públicas claras, orientadas a la prevención, la ampliación de las coberturas y
la garantía de los derechos de las personas que padecen trastornos mentales, lo
cual, aseguró, solo será posible mediante una mayor inversión estatal y un
marco legal fortalecido que contribuya a mejorar la calidad de vida de la
población.

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