PERU: Piden retirar pasaporte a Boluarte por casos corrupción

 

                                         POR EUROPA PRESS, Dina Boluarte Fecha 11/10/25 

                          

GT DIGITAL, NEWS, LIMA. La Fiscalía de Perú ha solicitado este viernes la retirada del pasaporte a la expresidenta Dina Boluarte por 18 y 36 meses por dos casos de corrupción de las siete causas que tiene pendientes, una vez ha sido cesada por el Congreso.

El primero de ellos, por el que se pide 18 meses, trata sobre un delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por intervenir en la designación de funcionarios en el Ministerio de Salud y en una serie de pagos para favorecer tercero que le habría realizado una serie de operaciones estéticas.

Por otro lado, la fiscalía especializada en delitos económicos ha solicitado que se le prohíba salir de Perú durante 36 meses por un presunto delito de lavado de activos en un caso que atañe al dirigente político prófugo Vladimir Cerrón, a quien le acusan de liderar una trama de contratación pública a cambio de sobornos.

Las autoridades han argumentado que ambas demandas están centradas en evitar un posible riesgo de fuga de la expresidenta, una posibilidad sobre la que se ha ido rumoreando en las últimas horas tras la moción de censura en su contra.

Rumores que ha negado el abogado de Boluarte, Juan Carlos Portugal, quien ha afirmado en su cuenta de X que «ella está en su casa; ese fue y será su paradero». Asimismo, ha remarcado que se someterá a los poderes del Estado si así se requiere.

«Dejen el delirio informativo al lado y construyan un periodismo veraz, educador y responsable», ha afeado el abogado de la expresidenta, que ha acumulado hasta siete investigaciones en estos casi tres años de mandato, además de otras tres por hechos previos a su abrupta llegada por la caída en desgracia de Pedro Castillo.

Ahora sin inmunidad, Boluarte habrá de responder a las siete causas que tiene abierta. Las más avanzadas son las relacionados con las muertes de 49 personas en las protestas contra el Gobierno de finales de 2022 y e inicios del 2023, y con un presunto delito de cohecho pasivo por la posesión de unas joyas y relojes de lujo.