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El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, destacó que esta medida marca un hito en la gobernanza tecnológica nacional al erradicar la fragmentación del gasto e inversiones aisladas en las instituciones del Estado
Este decreto tiene el propósito de
mejorar la eficiencia del gasto tecnológico, reducir duplicidades, fortalecer
la interoperabilidad, proteger los datos bajo responsabilidad del Estado,
asegurar la sostenibilidad operativa y garantizar la calidad, continuidad,
seguridad y eficiencia de los servicios públicos.
Mediante esta normativa se designa al
Ministerio de Administración Pública como la autoridad de aplicación del
reglamento, entidad que tendrá a su cargo la coordinación general de los
procesos de identificación, evaluación, priorización, estructuración,
seguimiento y control técnico de las contrataciones e inversiones digitales
estratégicas reguladas.
Con esta disposición, el Ministerio de
Administración Pública asume la responsabilidad de garantizar que la
adquisición de sistemas, plataformas, servicios en la nube y soluciones de
tecnologías emergentes se realice de forma eficiente, coordinada, interoperable
y bajo estrictos criterios de racionalidad del gasto público.
El ministro de Administración Pública,
Sigmund Freund, destacó que esta medida marca un hito en la gobernanza
tecnológica nacional al dr un paso fundamental en la erradicación de la
fragmentación del gasto e inversiones aisladas en las instituciones del Estado.
"A partir de este reglamento,
cada peso invertido en tecnología responderá a una estrategia nacional
integrada, orientada a ofrecer servicios públicos digitales eficientes, seguros
y accesibles para la ciudadanía, protegiendo en todo momento la soberanía sobre
los datos de los dominicanos", señaló.
*Interés estratégico nacional*
En el artículo 6 del decreto, el Poder
Ejecutivo declara de interés estratégico nacional la integración, modernización
y fortalecimiento de la infraestructura digital soberana del Estado dominicano,
como instrumento necesario para mejorar la calidad, continuidad, seguridad,
interoperabilidad y eficiencia de los servicios públicos.
Esta declaratoria comprende la
coordinación de las inversiones en bienes, servicios, plataformas y soluciones
digitales que, por su naturaleza, alcance, criticidad, impacto presupuestario,
potencial de reutilización o vinculación con servicios públicos esenciales, se
consideren estratégicos y requieran evaluación técnica previa, articulación
interinstitucional o gestión conjunta entre dos o más instituciones públicas,
conforme al ordenamiento jurídico aplicable.
La normativa aclara que esto no exime
a las instituciones públicas del cumplimiento de las normas de contratación
pública, presupuesto, control interno, transparencia, protección de datos
personales, ciberseguridad, acceso a la información pública, responsabilidad
fiscal y demás disposiciones legales aplicables.
*Principales novedades e impactos
institucionales*
El nuevo reglamento contribuirá a la
consolidación de una infraestructura digital del Estado que permita mejorar la
prestación de los servicios públicos, optimizar el uso de los recursos
públicos, reducir la fragmentación tecnológica, fortalecer la soberanía sobre
los datos críticos y garantizar la continuidad operativa de las soluciones
digitales utilizadas por la Administración Pública.
Entre sus puntos más relevantes, se encuentran:
Evaluación previa obligatoria: Todas
las entidades del Poder Ejecutivo deberán contar con un informe de evaluación
técnica previa emitido por el MAP antes de iniciar procesos de adquisición de
plataformas y soluciones digitales complejas.
Sostenibilidad y compras conjuntas:
Con el apoyo de la Ley de Contrataciones Públicas, el Ministerio de
Administración Pública podrá coordinar licitaciones agregadas entre múltiples
ministerios y direcciones públicas, permitiendo negociaciones a escala que
generarán ahorros significativos al Erario.
Mesa de articulación técnica: Mediante
este decreto se crea la Comisión Técnica Interinstitucional para Contrataciones
e Inversiones Digitales Estratégicas, coordinada por el Ministerio de
Administración Pública y conformada por el Ministerio de la Presidencia, el
Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC, la Dirección General de
Contrataciones Públicas (DGCP) y el Centro Nacional de Ciberseguridad. Soberanía digital y protección de datos: Las
soluciones tecnológicas deberán garantizar plenamente la portabilidad,
interoperabilidad y reversibilidad técnica.
Prohibición: El reglamento prohíbe
cláusulas contractuales o diseños arquitectónicos que generen dependencias
comerciales exclusivas o limiten el control directo del Estado sobre sus
activos de datos.
Uso ético y transparente de la
Inteligencia Artificial: Para garantizar los derechos fundamentales, las
contrataciones que integren algoritmos o automatizaciones avanzadas deberán
regirse bajo criterios de supervisión humana, trazabilidad y
transparencia.
Con este paso, el Ministerio de
Administración Pública reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la
función pública y la construcción de un Gobierno Digital moderno, transparente,
eficiente y verdaderamente al servicio de la gente.
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