.jpg "Template by templatesyard")
GT DIGITAL NEWS, Santo Domingo. El Gobierno de la República Dominicana avanzó significativamente en la lucha contra la trata de personas, subiendo al Nivel 2 en el más reciente informe publicado por la Embajada de Estados Unidos en el paÃs.
En una nota informaron que, entre las
medidas clave que evidencian el incremento de los esfuerzos gubernamentales
para erradicar este delito, se encuentra la modificación de la Ley contra el
Tráfico IlÃcito y la Trata de Personas (Ley 137-03), para eliminar el requisito
de demostrar fuerza, fraude y coacción en los delitos de trata que involucran a
menores de edad, alineando la legislación nacional con los estándares
internacionales, especialmente en casos de explotación sexual.
En ese orden, precisaron que, de igual
modo, dentro del marco legal y normativo, se aprobó y financió con presupuesto
nacional el nuevo Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas
2025-2028. Se adoptó la Resolución N.º 13-2024 para crear un procedimiento que
permita entregar tarjetas de identificación a personas apátridas. También se
consultó a la sociedad civil y a sobrevivientes de trata durante el proceso de
modificación de la Ley 137-03 y se aplica de manera continua el artÃculo 25 del
Código de Protección de la Infancia de 2003, que penaliza la entrega o
explotación de menores de 18 años con penas de 20 a 30 años de prisión.
En tanto en el ámbito judicial y de
persecución penal, las autoridades mostraron un repunte considerable al iniciar
229 investigaciones por trata de personas y procesar a 50 sospechosos de manera
estricta bajo la ley especial. El informe resalta también el firme compromiso
con la depuración institucional, evidenciado en la investigación de ocho
funcionarios presuntamente cómplices y la apertura de procesos judiciales
contra tres de ellos, abarcando incluso a efectivos de las fuerzas de
seguridad.
Por el lado de la prevención e
inspección laboral, el Ministerio de Trabajo incrementó de forma notable las
supervisiones en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la
industria azucarera, alcanzando las 1,050 inspecciones. Estas intervenciones
permitieron suspender las actividades de 11 empresas privadas tras detectar
indicios de trabajo forzoso. De forma complementaria, el programa piloto de
registro migratorio logró formalizar a más de 7,400 trabajadores mediante
contratos de trabajo, una medida clave para reducir su vulnerabilidad y
garantizar su libertad de movimiento.
Finalmente, los esfuerzos de
asistencia y protección dieron como resultado la identificación de 136
vÃctimas, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el
Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesorÃa legal y
traducción. A través del trabajo coordinado entre la ProcuradurÃa, el
Ministerio de la Mujer y el CONANI, se mantuvo la operación de refugios
especializados y se garantizó la protección continua de las vÃctimas y testigos
durante los procesos judiciales, apoyados adicionalmente por campañas
preventivas multilingües y capacitaciones constantes al personal del orden.
.jpeg)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario