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La procuradora de corte Mirna Ortiz resalta la solidez de la investigación del Ministerio Público para presentar cargos contra los arrestados en Operación Cobra 2.0-A
En una nota informaron que, la
procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de
Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), resaltó la solidez de la
investigación del Ministerio Público y valoró las pruebas que sustentan la
solicitud de imposición de la medida de coerción.
“En la noche de hoy el Ministerio
Público ha presentado su solicitud de medida de coerción en contra de los
imputados en esta operación. 10 de los imputados han admitido los hechos, han
estado conteste con los hechos que el Ministerio Público les ha imputado, lo
que evidencia la fortaleza de nuestras imputaciones”, dijo a periodistas que la
abordaron a la salida del tribunal luego del aplazamiento de la audiencia para
este jueves, 24 de septiembre.
“La única realidad que sucederá en
este proceso, al finalizar, es que el juez impondrá las medidas de coerción que
ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados”, dijo Ortiz,
quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en la
audiencia junto al procurador adjunto Wilson Camacho, director general de
Persecución.
El procurador adjunto Wilson Camacho
presentó las pruebas y argumentos que deben ser tomados en cuenta para imponer
la prisión preventiva contra las 26 personas arrestadas.
El equipo del Ministerio Público
también lo integra el procurador de corte Héctor García y los fiscales
litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka
Holguín.
Pasadas las 3:00 de la tarde de este
miércoles el juez Rigoberto Sena ordenó al Ministerio Público presentar su
solicitud de imposición de medida de coerción contra el entramado de corrupción
administrativa enfrentado con la operación Cobra 2.0-A. A las 10:00 de la noche
el magistrado Sena aplazó la audiencia para este jueves, 24 de septiembre de
2026, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público, tras presentar
sus conclusiones en la audiencia, solicitó que el caso sea declarado de
tramitación compleja y que se impongan 18 meses de prisión preventiva, como
medida de coerción, contra Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino,
Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.
También, contra la médico
gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Einstein Rafael Borromé
Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes
Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos
Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora
Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
Igualmente, para los médicos Martha
María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz
Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura
Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel
Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y
Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Los fiscales solicitan que se declare
la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente,
por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose
de delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.
“El bien jurídico protegido aquí no es
monetario. El bien jurídico aquí está vinculado con el derecho fundamental a la
salud. Derecho fundamental a la salud que se vulneró en perjuicio de ciudadanos
beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A todos estos pacientes se les
generaron cargos ficticios que redujeron el monto de los servicios a los cuales
tenían derecho”, dijo Ortiz en el tribunal durante la presentación de la medida
de coerción.
“Cuando analicemos el punto nodal de
esta situación. No se trata de dinero, no se trata de 40 millones, se trata de
la lesión a un derecho fundamental, al derecho fundamental de la salud”,
agregó.
Detalló que fueron presentadas 234
pruebas de naturaleza documental, 91 pruebas materiales, 82 documentos
procesales y 76 periciales, para un total de 483 pruebas, que el Ministerio
Público pone a la disposición del tribunal y de las partes como fundamento de
las medidas solicitadas.
“El Ministerio Público concluye de la
siguiente manera: Por las razones de hecho y derecho presentadas, solicitamos
la imposición de prisión preventiva por 18 meses al considerar el Ministerio
Público que es la medida que, conforme a la gravedad de los hechos y a la
naturaleza de las imputaciones, garantizarían la continuidad del proceso de
investigación, así como la seguridad de las víctimas y de los potenciales
elementos de prueba a ser colectados por el Ministerio Público en el desarrollo
de su investigación”, expuso.
“Que esta medida de coerción sea
impuesta por un período de 18 meses de conformidad con el artículo 230, numeral
7, combinado con el artículo 377, numeral 2, al declarar este tribunal la
complejidad del presente proceso”, indicó.
El proceso penal contra
otros involucrados
En la primera etapa, el Ministerio
Público arrestó el pasado año con la Operación Cobra a Santiago Marcelo F.
Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del entramado de corrupción.
También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya
Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan
Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo
Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Con la judicialización de los
imputados el Ministerio Público procura sanciones penales y el decomiso de
miles de millones de pesos sustraídos al Estado dominicano.
Al grupo se le imputa cargos de
coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de
soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de
documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación,
el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala,
adulteraciones de estados financieros, y programas especiales sin sustentos
jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata
de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del
SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en
asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del
Estado dominicano.
Como parte de las líneas de
investigación que sigue el proceso, el Ministerio Público también puso en
marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres
personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño
Contra el Cáncer para enriquecerse con maniobras fraudulentas que afectaron al
Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el
cáncer y al SeNaSa.
Por el caso fueron arrestados Héctor
Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de
lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva
del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate
RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se
divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia, y, a la vez, fungió
como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto
Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada
ASFL.
Lora Cruceta y su esposa Guzmán
cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez arresto domiciliario.
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