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La prórroga se justifica en los cientos de miles de operaciones que se tienen que analizar, la cantidad de investigados y la gravedad de los hechos
El titular de la Dirección General de
Persecución encabezó el equipo litigante que representó al Ministerio Público
ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde estaba
previsto conocerse este miércoles la prórroga de cuatro meses solicitada por el
órgano acusador. La audiencia fue aplazada para el próximo 4 de septiembre de
2026, a partir de las 9:00 de la mañana.
Al ser abordado por la prensa a la
salida del tribunal que funciona en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva,
Camacho dijo que el Ministerio Público estaba listo para justificar la
extensión del plazo.
“Dos cosas; primero, nosotros vinimos
hoy listos para presentar y justificar la solicitud de prórroga que ha hecho el
Ministerio Público en el caso de SeNaSa y no se ha conocido esta solicitud en
el día de hoy, lamentablemente, debido a que un familiar de uno de los abogados
falleció, y eso impidió el conocimiento de esta audiencia”, detalló.
“La prórroga se justifica porque, por
ejemplo, y comparto una interioridad, en un interrogatorio de este caso uno de
los imputados dijo al Ministerio Público que en SeNaSa la corrupción era la
norma”, explicó.
En ese orden, el director de
Persecución dijo que en una investigación y en un contexto de esta naturaleza
es evidente que es mucho lo que el Ministerio Público tiene que investigar,
destacando que esa es la razón por la que solicitaron más tiempo para procurar
que todo el que haya participado en este hecho esté en el proceso y se siente
en los tribunales a responder por los mismos.
Sobre la solicitud de variación de la
medida presentada por la defensa técnica de la imputada Ada Ledesma, dijo que
el tribunal mantuvo el arresto domiciliario y que solo hizo una reducción del
pago de la garantía económica sin la objeción del Ministerio Público.
Sobre las pesquisas, Camacho dijo:
“nosotros seguimos avanzando en las líneas de investigación de este caso en la
magnitud y en la dimensión del caso”.
“Hay interioridades de las líneas de
investigación que no podemos compartir para no afectar las mismas, pero estamos
avanzando en las tres estructuras que afectaron a SeNaSa”, añadió.
“En las tres dimensiones habrá otras
imputaciones y habrá otras personas involucradas, pero eso sucederá cuando la
investigación cumpla su ciclo”, adelantó el representante del Ministerio
Público.
El órgano acusador también estuvo
representado por el procurador de corte Héctor García y por los procuradores
fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución y a la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Yudelka
Holguín y Alexis Piña.
El juez Deybi Timoteo Peguero, del
Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, atendiendo una solicitud
de una barra de la defensa, dispuso el aplazamiento de la audiencia.
Proceso penal contra la red
de corrupción
El pasado 5 de agosto el Séptimo
Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó otra vez la prisión
preventiva impuesta a Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y cabecilla del
entramado de corrupción, así como a otros vinculados al caso.
El cumplimiento de la coerción de 18
meses de prisión preventiva le fue impuesta en diciembre del pasado año a Hazim
Albainy y a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya
Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan
Speakler Mateo.
También, fue impuesta la misma medida
a la imputada Ada Ledesma Ubiera, quien ahora cumple arresto domiciliario,
luego de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de
julio.
El proceso judicial, que inició a
partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty
Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes
el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción,
consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de
salida del país.
Por el caso también es procesado Ángel
Luis Guzmán Vásquez, a quien el pasado 30 de julio el Primer Juzgado de la
Instrucción del Distrito Nacional, también, le ratificó la prisión preventiva
de 18 meses que le fue impuesta el pasado mes de mayo.
El entramado criminal fue desmantelado
con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la
judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero
sustraído al patrimonio público.
Con sus actuaciones, los procesados
afectaron a los afiliados al SeNaSa, al defraudar esa administradora de riesgos
de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos.
Al grupo se le imputa cargos de
coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de
soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de
documentos falsos y lavado de activos.
En el transcurso de la investigación,
el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala,
adulteraciones de estados financieros, programas especiales sin sustentos
jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.
El órgano acusador indicó que se trata
de un esquema de corrupción sistemático instalado por el director ejecutivo del
SeNaSa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en
asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del
Estado dominicano.
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