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GT DIGITAL NEWS, Santo Domingo. La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, valoró la aprobación en el Congreso Nacional y posterior promulgación por parte del presidente de la República, Luis Abinader, de la Ley 25-26, que crea el sistema Alerta RD, una herramienta diseñada para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante casos de desaparición de personas.
En un documento de prensa, Raful destacó
que esta legislación es el resultado de meses de trabajo técnico e
interinstitucional, durante los cuales encabezó la mesa de coordinación
responsable de elaborar el protocolo de activación del sistema, con el
propósito de establecer mecanismos claros, eficientes y oportunos para la
actuación de las instituciones involucradas.
En ese orden, explicó que los trabajos
incluyeron la identificación y evaluación de distintos escenarios de riesgo,
así como la definición de los procedimientos que regirán la activación de las
alertas, garantizando una respuesta rápida y coordinada en beneficio de la
población.
“Uno de los elementos más importantes
de esta ley es que la activación de una alerta deberá realizarse de manera
conjunta entre la Policía Nacional y el Ministerio Público en un plazo no mayor
de 24 horas luego de recibida la denuncia, la cual podrá presentarse de forma
presencial o por vía telefónica”, señaló Raful.
Indicó además que el sistema contempla
una evaluación coordinada entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el
Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, instituciones que
desempeñarán un papel esencial en su implementación y funcionamiento.
La ministra resaltó que Alerta RD
incorpora mecanismos especializados para atender distintos tipos de
desapariciones y situaciones de vulnerabilidad. Entre ellos figura la Alerta
Amber, orientada a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes
reportados como desaparecidos, así como la Alerta Rosa, destinada a casos de
mujeres en condición de vulnerabilidad o riesgo.
Asimismo, explicó que el protocolo
contempla el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), una unidad operativa de la
Policía Nacional encargada de coordinar la activación inmediata de las
divisiones especializadas del Estado que deban intervenir en cada caso. Este
esquema de respuesta articula la participación de unas 30 instituciones
públicas con competencias específicas en la materia.
Raful agradeció el compromiso y la
colaboración de los equipos técnicos e institucionales que participaron en la
construcción de los protocolos y en la formulación de la propuesta legislativa.
La Ley 25-26 también crea el Consejo
Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, organismo adscrito al
Ministerio de Interior y Policía y presidido por su titular, responsable de
orientar estratégicamente la implementación y desarrollo del sistema.
Este consejo de carácter consultivo
estará integrado por representantes de la Procuraduría General de la República,
el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema 9-1-1, el Instituto Dominicano
de las Telecomunicaciones (Indotel), el Consejo Nacional para la Niñez y la
Adolescencia (Conani), el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape),
el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Centro de Operaciones de Emergencias
(COE) y el Servicio Nacional de Salud (SNS), entre otras entidades vinculadas a
la protección y seguridad de la ciudadanía.
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