GT DIGITAL NEWS, Santo Domingo. El Frente Amplio reclamó al Gobierno del presidente Luis Abinader cumplir con lo dispuesto en el artículo 327 del Código Tributario (Ley 11-92) y en su Reglamento de Aplicación No. 139-98, cuyos artículos del 97 al 107 establecen la obligación de realizar un ajuste anual por inflación que preserve el valor real de los ingresos y evite que los asalariados carguen con una presión fiscal injusta.
La organización política recordó que la última indexación
fue aplicada en el año 2017, y desde entonces, los tramos del Impuesto sobre la
Renta (ISR) permanecen congelados, pese a los continuos aumentos del costo de
la vida.
“El Gobierno ha violado reiteradamente una disposición
expresa de la ley, afectando directamente a los trabajadores y a las clases
medias, cuyos salarios se han visto alcanzados por el impuesto sin que sus
ingresos reales hayan mejorado”, subrayó.
El FA denunció que las alzas constantes en los precios de los alimentos, los medicamentos y los servicios esenciales están deteriorando aceleradamente las condiciones de vida de las mayorías nacionales, ya que la inflación acumulada desde 2017 supera el 45 %, pero los salarios y el umbral exento del ISR siguen congelados. Esto significa que miles de empleados pagan hoy impuestos por ingresos que apenas alcanzan para sobrevivir.
La dirigente política calificó de inaceptable que el Gobierno reconozca públicamente la justicia de la indexación, como lo hizo el presidente Abinader y el Ministro de Hacienda Magín Díaz, y aún así la mantenga suspendida año tras año en las leyes de presupuesto.
“Cumplir con la ley no es una opción política, es una
obligación del Estado. No puede hablarse de estabilidad macroeconómica si se
sostiene a costa del empobrecimiento de las familias trabajadoras. Abinader y
Magín Díaz confiesan que la indexación es ‘justa y necesaria’, pero siguen
castigando el bolsillo del pueblo mientras protegen los privilegios
empresariales”, dijo Cabrera.
Sostuvo que el debate sobre la indexación salarial y
tributaria debe asumirse desde una visión de justicia social y no como un
dilema fiscal, ya que el sacrificio no puede recaer siempre sobre los mismos
sectores.
“Mientras las grandes exenciones a grupos empresariales
continúan intactas, se penaliza el ingreso del trabajador que gana poco más de
34 mil pesos mensuales. La comida sube, los pasajes suben, las medicinas suben,
pero el Estado se hace el ciego ante la realidad del pueblo trabajador”, afirmó
la dirigente política.
Finalmente, el Frente Amplio reiteró su llamado a que el
Gobierno restablezca de inmediato el mecanismo de ajuste por inflación,
conforme lo ordena la Ley 11-92 y su reglamento, y adopte medidas urgentes para
proteger el poder adquisitivo del pueblo dominicano, garantizando que el
crecimiento económico se traduzca en bienestar y dignidad para todos.

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