DGM y Fuerzas dejan 1,089 haitianos indocumentados detenidos y 1,375 deportados

                                                         POR EFE FECHA 28/9/25

GT DIGITAL NEWS, SANTO DOMINGO. -  La Dirección General de Migración (DGM) y las Fuerzas de Seguridad Ciudadana, ayer se llevaron a cabo operaciones de interdicción en diferentes puntos del país cuyos resultados arrojan la detención de 1,089 nacionales haitianos por encontrarse en situación migratoria irregular y la deportación de 1,375 personas por la misma causal.

 

 Autoridades informaron que, las operaciones abarcaron a Santiago, donde se detuvo a 109 extranjeros en situación irregular; el gran Santo Domingo, a 91; Jimaní, 68; Mao/Santiago Rodríguez, 65; Elías Piña, 52; Pedernales, 49 y Montecristi y la zona Este, con 42 en cada demarcación. Además de otras regiones donde las aprehensiones fueron en menor cantidad, también se contó con la captura de otras 344 personas de parte del Ejército, 87 detenidas por la Policía Nacional y 49 por el Cesfront.

 

En ese orde, la entidad indicó que también se tuvo la colaboración del Ministerio de Defensa, la Armada, Fuerza Aérea, Cuitran y la Digesett, y que cada detención se llevó a cabo con salvaguarda de derechos y con énfasis en la dignidad de las personas, en consonancia con las normas nacionales y los principios de protección internacional aplicables.

 

Asimismo, por la puerta binacional de Dajabón fueron deportados 379 indocumentados, 284 por Elías Piña, 618 por Jimaní y 94 por Pedernales. Todos fueron entregados a las autoridades migratorias del vecino país.

 

Entre los elementos aplicados durante las intervenciones destacan la verificación de documentos, la consulta de bases de datos migratorios y la coordinación con la autoridad judicial competente cuando corresponde, siempre dentro del marco legal.

 

La DGM subrayó que la institución mantiene una listeza operativa que le permite ejecutar acciones de alto impacto sin menoscabo de los derechos humanos. “Nuestra prioridad es actuar con eficacia, transparencia y respeto, aplicando la normativa vigente para evitar cualquier vulneración de derechos. Cada caso se evalúa de manera individual y conforme a los procedimientos, garantizando la debida protección de las personas vulnerables”, afirmó.